CONTRATACIONES PÚBLICAS
Desde organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hasta organismos constitucionales autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica han realizado diversos estudios y emitido distintas recomendaciones en relación con los defectos y áreas de oportunidad en la legislación que regula las compras del sector público. Esta clase de adquisiciones representa un importante mercado para varias empresas, pero se trata de uno de los más regulados y vigilados por tratarse del uso de erario, además de que requiere un esfuerzo adicional en las medidas adoptadas para la observancia de las normas de gobierno corporativo. La firma, desde su fundación, ha participado en los principales procedimientos de contratación pública en México incluyendo las asociaciones público-privadas.
Los servicios prestados, entre otros, son los siguientes:
Asesoría en el cumplimiento de leyes anticorrupción;
Análisis para el establecimiento de estrategias legales de posicionamiento de productos o servicios para su entrega en el mercado público o su consideración en las investigaciones de mercado;
Asesoría en el combate de actividades de la autoridad o de terceros que puedan implicar violación a la normatividad de la materia o barreas y obstáculos de entrada al mercado;
Asesoría durante los procedimientos de contratación pública, desde la respuesta a investigaciones de mercado, la publicación de pre-bases, preguntas en junta de aclaraciones, revisión de propuestas hasta la emisión del fallo:
Promoción de inconformidades y otros medios de defensa en contra de actos emanados en los procedimientos de contratación pública;
Asesoría durante la vigencia del contrato administrativo, incluyendo la promoción de conciliaciones en caso de desavenencias sobre el cumplimiento del contrato o su interpretación;
Defensa en contra de multas, deducciones, rescisiones, impedimentos, inhabilitaciones o cualquier otra sanción impuesta por las autoridades;
Establecimiento de estrategias de defensa en sede administrativa y en jurisdiccional por falta de pago en los contratos administrativos; y,
Capacitaciones y actualizaciones a las áreas de licitaciones o de acceso para la ejecución de las mejores prácticas en materia de contrataciones públicas.